Por: Liliana Oropeza


El reciente informe del Fondo de la Población de Naciones Unidas – UNFPA “Visibilizar lo invisible” arroja datos alarmantes sobre el embarazo en la adolescencia y en la infancia. El 13% de las mujeres jóvenes en los países en desarrollo se inician en la maternidad siendo niñas. 3 de 4 niñas que dan a luz por primera vez a los 14 o antes tuvieron un segundo hijo antes de cumplir los 20 años de edad y casi la mitad de las madres adolescentes primerizas son menores de 17 años.

En nuestro país, el año 2021 se dieron 105 embarazos diarios en niñas y adolescentes,

de los cuales 2.329 corresponden a menores de 15 años, de un total de 38 mil embarazos en niñas y adolescentes, en general que en su mayoría fueron derivadas de agresiones sexuales consolidándose en embarazos forzados o no deseados.

El Informe del mismo organismo “Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes”, de la gestión 2013 señala que el embarazo en la adolescencia es a la vez, causa y consecuencia de las violaciones de derechos; con el embarazo adolescente se menoscaba las posibilidades que tienen las niñas y adolescentes de ejercer sus derechos a la educación, a la salud y a la autonomía, pero a la vez cuando una niña o adolescente no puede gozar de estos derechos se vuelve más propensa a quedar embarazada. 

Forzar a llevar a cabo un embarazo infantil es una flagrante violación de los derechos humanos. Ni sus cuerpecitos ni mentes están programados para ello.

Así mismo lo percibe, entre diversos organismos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 2 de noviembre del año pasado urgió a Bolivia a cumplir con su obligación de proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos.

El caso de la niña de 11 años de Yapacaní, a fines del año pasado, reavivó la controversia del embarazo infantil, donde desde una posición adultocentrista y “moralista” se intentó decidir por la niña. En realidad, este caso es algo que se da recurrente y sistemáticamente, uno de los varios nocivos efectos del patriarcado.

En Bolivia rigió un Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes 2015-2020, estamos en 2022, no hay una nueva propuesta, en tanto las cifras siguen en alarmante escalada.

Debemos dejar de negar la aplicación de la educación sexual integral para reducir y prevenir el embarazo en niñas, a través de largos procesos de capacitación y sensibilización a varias partes, para que reciban información relativa a su salud integral, su proceso de desarrollo, información en relación a sus derechos sexuales y reproductivos, para que más adelante sean adultas/os conscientes y responsables de sus vidas y determinaciones. Esto nos traerá una población más inteligente emocionalmente, autodeterminada, con mayor autoestima y, por tanto, generaciones más felices, plenas, con ganas de transformar positivamente su entorno y su comunidad. Es lo mínimo que merecen nuestras niñas y niños, todos días.

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