POR JORGE RICHTER RAMÍREZ
La Paz / 29 de agosto de 2021 / 17:58


¿Puede un boliviano ordenar la muerte de otro y éste ejecutarla sin advertencia de su conciencia? Sí, nos mostraron que podían.

DIBUJO LIBRE
En 1944, cuando el calendario apuntaba la fecha del 30 de agosto, Albert Camus publicaba en la revista Combat un artículo al que tituló El Tiempo del Desprecio. Decía: “Treinta y cuatro franceses torturados, después asesinados en Vincennes: palabras que no dicen nada si la imaginación no añade lo suyo. ¿Y qué ve la imaginación? Dos hombres frente a frente, uno se apresta a arrancarle las uñas al otro, que lo mira. No es la primera vez que imaginamos estas escenas insoportables. En 1933 comenzó una época que uno de nuestros hombres más grandes llamó, con justicia, el tiempo del desprecio. Y durante diez años, con cada noticia de que seres desnudos y desarmados habían sido pacientemente mutilados por hombres cuyo rostro es como el nuestro, se nos trastornaba la cabeza y nos preguntábamos cómo era posible. Sin embargo, era posible. Durante diez años fue posible y hoy, como para advertirnos que la victoria de las armas no es todo, hay todavía camaradas despedazados, miembros destrozados y ojos aplastados a taconazos. Y los que tal hicieron eran capaces de ceder su asiento en el subterráneo, así como Himmler, que hizo de la tortura una ciencia y un oficio, entraba sin embargo en su casa, de noche, por la puerta trasera para no despertar a su canario favorito”.

Todo esto transcurrió y fue posible.

Reubicando en el tiempo la pregunta ¿puede un boliviano ordenar la muerte de otro boliviano y éste ejecutarla sin advertencia de su conciencia? Sí, nos mostraron que podían. En 2019 lo hicieron, en el extendido informe de investigación redactado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que informa de masacres, torturas y acciones guiadas por lógicas raciales, refiriéndose a Sacaba, señala que “hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. Las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad- fusil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”.

La violencia con la que fuerzas de represión del Estado intervinieron en Senkata no es menos diferente: “Como resultado, 10 personas perdieron la vida y alrededor de 78 resultaron heridas”. “Las autoridades del Estado justificaron la necesidad del uso excesivo de la fuerza —aunque no se admitiera el uso de municiones letales— para prevenir la ocurrencia de explosión de la planta, lo que provocaría un desastre de gravísimas consecuencias en la ciudad de El Alto”. “Las evidencias ofrecidas por el Estado y complementadas con las diligencias conducidas por el GIEI no confirman la existencia de ese riesgo concreto”. “Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas”. “El GIEI constató que, a partir del derribamiento del muro, las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas, no solamente en la avenida 6 de Marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores”.

En dos tiempos distintos, separados por cuatro breves días, la lógica del Gobierno NO Constitucional buscó abreviar la resistencia. Entonces la orden fue matar y el desprecio por la vida humana fue ejecutar sumariamente. “La dinámica de los hechos, la ausencia de pruebas que demuestren el uso de armas de fuego por los manifestantes y la compatibilidad entre las lesiones sufridas por las víctimas, los cartuchos hallados, las balas y el armamento utilizado por las fuerzas de seguridad, indican fuertemente que los disparos provinieron de sus armas”. Ante los ojos atemorizados de cientos y miles infinitos de bolivianos y bolivianas, los entonces ministros de Defensa y Gobierno burlaban los hechos, con semblante áspero insistían en que no se había disparado ni un solo cartucho de armamento letal. Los heridos y muertos imposibles de ocultar desmentían la barbarie del gobierno añista. Quienes la encumbraron al poder, el grupo noviembrista, permaneció en silenciosa complicidad con la operación de doblegar las almas y humillar los espíritus rebeldes.

Doblegar el espíritu rebelde es tarea harto compleja, matar a momentos no alcanza, se debe humillar y avergonzar la dignidad. Entonces el camino elegido por el noviembrismo y su aparato de represión oficial fue la tortura: “Golpes con el uso de bastones y culatas de armas de fuego; choques eléctricos; cubrimiento de los ojos con vendas o bolsos plásticos; inmovilización con manos y pies amarrados; desnudarse; violencia sexual y amenazas de muerte incluso con el uso de cuchillos”. El GIEI anotó que, en todas estas aprehensiones, sin cuidado del principio de presunción de inocencia, el comandante general de la Policía boliviana en esa fecha, Gral. Yuri Calderón, “participó personalmente del acto”.

Antonio Ronald Quispe Ticona, Clemente Mamani Santander, Calixto Huanaco Aguilario seguramente no están presentes en las coléricas evocaciones de quienes intentan trastocar las referencias conceptuales de justicia y memoria. Así como ellos, muchas otras víctimas son silenciadas vergonzantemente exponiendo un horror que nos los horroriza. Existen también víctimas que por su origen regional y racial son estigmatizadas y sentenciadas al silencio sin merecer la indignación colectiva por la amargura y la brutalidad vivida. Hay muertes que revelan la ausencia de indignación, que no son causa suficiente para pensar en justicia. Son los torturados, humillados, lacerados que deben resignarse a la indiferencia, a no estar en la atención de plataformas militantes, a no merecer una respuesta del Estado y tampoco de jueces y legisladores. Son los muertos y torturados de la tierra de nadie, sin espacio en titulares y sin mención más que en el breve segmento de un vertiginoso noticiero.

Usan la palabra reconciliación a la vez que procuran imponer olvido por las víctimas silenciadas. Prueban devaluar el valor de la vida y depreciar la memoria, pero la justicia asienta su fortaleza en ella y en la verdad. Es aún el tiempo de la indignación colectiva, expuesta por el maltrato a la vida y a la dignidad de aquellos bolivianos que fueron cruelmente obligados a sentir odio hacia el opresor y desesperado desprecio por sí mismos, que murieron atemorizados y que no tendrán paz si no encuentran justicia.

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