Por: Álvaro Céspedes Q.*


La situación de crisis que estamos atravesando a nivel global debido a la pandemia del COVID-19 ha develado el agotamiento de la crisis civilizatoria, los modos de consumo y producción que han ido arrasando con los recursos del planeta y han derivado en desequilibrios ambientales que están relacionados con la crisis epidemiológica del COVID-19. Se puede advertir que la crisis epidemiológica no es un grado más de la crisis ambiental, es el punto más crítico de la crisis ambiental[1]. Este momento que surcamos como humanidad proporciona una oportunidad de transformación, de construir nuevas relaciones más armónicas con la naturaleza que no estén definidas por la dominación y explotación utilitaria de recursos de la madre tierra, o seguir la incesante inercia social bajo el modelo de producción y consumo que nos impone el capitalismo, con sus visiones de desarrollo, progreso y modernidad, que están llevando a una terrible catástrofe socioambiental planetaria, la cual se vislumbra en la crisis climática global y próximas pandemias que transitaremos. 
 
También es importante destacar que esta crisis es “múltiple, generalizada, multifacética e interrelacionada, además de sistémica. Nunca afloraron tantos problemas simultáneamente, que rebasan lo sanitario, mostrando efectos en lo político, económico, ético, energético, alimentario y, por supuesto, cultural” (Acosta: 2020). En el campo político esta crisis esta provocando que las elites políticas y las clases dominantes aprovechen este momento de desarticulación y desorganización (aparente) de la sociedad civil, para promover políticas antipopulares que profundizaran las desigualdades socioeconómicas en gran parte de los territorios de la región en Latinoamérica y el planeta. Así mismo, el impacto de la pandemia en los sistemas políticos y la democracia en los países del mundo esta derivando en el auge de gobiernos autoritarios que bajo el discurso de la emergencia sanitaria utilizan discrecionalmente el ejercicio de la fuerza y la represión estatal para justificar la implementación de estas reformas.

Este fenómeno se ve reflejado en las prácticas gubernamentales que viene desarrollando el actual gobierno de transición en Bolivia, por un lado, de implementación de reformas orientadas a favorecer a sectores empresariales nacionales y transnacionales en desmedro de la salud, la soberanía y seguridad alimentaria de la sociedad boliviana y, por otro lado, un fuerte componente de uso de la violencia, a través, de las fuerzas del orden. Aunque es importante resaltar que el ejercicio desmedido de esta violencia estatal no surge de la crisis del COVID-19, sino es constitutivo en el proceso de consolidación de este gobierno[2].

Por otra parte, la aciaga gestión de la crisis sanitaria de este gobierno, que deriva en la crisis económica que vive el país, está acompañada de inoperancia en la gestión pública, desconocimiento de la realidad económica y en hechos de corrupción que están limitando las inversiones en este estado de situación[3]. En consecuencia estas acciones se están viendo reflejadas en la incapacidad para administrar adecuadamente esta crisis que está engendrando focos de protestas sociales en espacios urbanos y rurales del territorio nacional, donde el encierro domiciliario es insostenible para la supervivencia de estas poblaciones de bajos ingresos económicos, que en última instancia tienen como opción, o morir por el virus o morir de hambre.

En este escenario problemático las políticas asumidas por el gobierno transitorio tienden a profundizar la crisis en vez de mitigarla. Añez y representantes del agro negocio boliviano en palacio de gobierno  aprobaron el Decreto Supremo N° 4232 el pasado 8 de mayo de 2020, el cual autoriza establecer procedimientos abreviados para que el Comité Nacional de Bioseguridad evalúe en 10 días en primera instancia (hasta el 17 de mayo) y a partir de múltiples protestas suscitadas, definen ampliar el plazo a 40 días. Este decreto contempla la producción de 5 cultivos transgénicos, maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa[4]

El marco institucional en Bolivia para que empresas e instituciones puedan desarrollar la implementación de semillas transgénicas en cultivos agrícolas, está establecido en  Ley 1580 del 20 de Julio de 1994 y reglamentado en el Decreto Supremo 24676 del 21 de Julio de 1997.  Dentro de esta reglamentación, el Comité Nacional de Bioseguridad es un Comité Asesor conformado por representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Desarrollo Rural y Tierras, Desarrollo Productivo, Salud y representantes del sistema universitario. Este comité mediante un proceso evaluación definirá, con “estudios en campo”, si pueden o no ser aplicados estos cultivos en el país. Aunque hay que destacar que este Comité de Bioseguridad está compuesto por funcionarios de estos Ministerios, los cuales se cambian frecuentemente y poseen filiación política[5], este aspecto sesga la objetividad al informe que emitirá dicho comité.

Las decisiones gubernamentales de proceder a la  implementación de semillas transgénicas en Bolivia no datan como antecedente en el decreto aprobado por el gobierno de Añez. Hay que mencionar algunos eventos en los últimos gobiernos que estuvieron en sintonía con políticas vinculadas al modelo del agronegocio soyero. El año 2005 “el gobierno del presidente Carlos Mesa aprobó la producción y comercialización de soya transgénica resistente al herbicida glifosato. Para ello tuvo que pedir a la policía que desaloje a periodistas y representantes de organizaciones campesinas que se hicieron presentes en el Ministerio de Desarrollo Sostenible, durante la reunión del Comité de Bioseguridad, entidad responsable de tal aprobación” (Observatorio Cambio Climático y Desarrollo, 2015).

El Gobierno de Evo Morales no fue una excepción a la norma, éste no dudó en abandonar la agenda de la madre tierra y el vivir bien para enfrascarse en la lógica del extractivismo de los recursos naturales y el extractivismo agrario como componente estructural del Nuevo Régimen Agroalimentario Mundial[6]. Un indicador de estas acciones se pueden observar en las relaciones de pugna política y oposición que estableció en el primer periodo de gestión de gobierno (2006-2009) con estas elites políticas y económicas cruceñas afines a la agroindustria; estas pueden ser comparadas en un segundo periodo de gobierno donde se establece “una aparente alianza iniciada entre los años 2013 y 2014” (Economía Bolivia, 2013; Ortiz, 2013 citado en Mckay 2018). Desde este momento se vio a Morales participando de reuniones y eventos con las asociaciones que representan a la agroindustria, como son la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO).

Las buenas relaciones que establecieron Morales con el empresariado agroindustrial cruceño derivaron en políticas que favorecieron a este sector; como promover la ampliación de la frontera agrícola “en 250.000 hectáreas adicionales a las 1.300.000 hectáreas que ya tienen actividad con el sembradío de soya transgénica desde el año 2004” (Erbol, 2020). “Además de intensificar la generalizada extracción de los recursos naturales, es decir, no solo gas y minerales, sino de productos agropecuarios […]  Este modelo extractivista y latifundista no solo devasta la naturaleza sino que socava las bases institucionales y democráticas de la sociedad boliviana” (Urioste, 2018: 5-6 citado en  McKay, 2018).

La ampliación de la frontera agrícola para producción de soya transgénica, fue acompañada de la “autorización de forma excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad evaluar y aprobar el uso de los “eventos transgénicos” soya HB4 y soya Intacta Pro para su uso en la producción de biocombustibles y le dio un plazo de 60 días” (Opinión, 2020). En ese sentido, el Decreto Supremo N° 3874 aprobado por Morales el 18 de abril de 2019 intentó implementar nuevos eventos transgénicos, aplacados en su momento por múltiples protestas sociales que impidieron su progreso.

Lo que se distingue de estas gestiones gubernamentales, sean tendientes al liberalismo o progresistas, es que sin distinción alguna, han dado lugar a que el modelo agroindustrial se consolide en una alianza capital-Estado. En el periodo del MAS le permitió tener el control sobre el aparato estatal (lo que también se repite con el gobierno de Añez) y en relación al “sector agro-capitalista conservar el control sobre el complejo soyero” (Ídem, 2018). Lo que se evidencia es un continuum en la política agraria extractivista, Morales con su retórica contradictoria de Revolución Agraria, Soberanía Alimentaria y ley de la Madre Tierra, ahora Añez en asociación con el empresariado cruceño, pretenden introducir la producción de semillas transgénicas bajo el pretexto de robustecer la seguridad alimentaria en el país y generar mayor crecimiento económico. Aunque hay que subrayar que por el contrario a este criterio, la situación del agronegocio soyero tiene grandes problemas, uno de ellos es la viabilidad económica de este modelo[7], este argumento tiene una base bien sustentada en trabajos de investigación y estudios sobre el complejo soyero en Bolivia.     

Partiendo de la tesis que este modelo está en crisis en Bolivia por diversidad de problemas que presenta en su estructura de acumulación y las externalidades que genera, se expone a continuación algunos elementos que sostienen dicha afirmación[8]. El agro negocio carece de capacidad para industrializar la soya que produce, porque lo que en realidad exporta es materia prima semiprocesada en grandes volúmenes y por tanto no agrega valor a su producción. La ausencia de este componente es el que desencadena en las desarticulaciones intersectoriales complementarias que deberían estar insertadas en el procesamiento industrial, así mismo, la manufactura crea empleos mediante esta vinculación intersectorial, la soya semiprocesada que se exporta no produce estas articulaciones.

Este modelo extractivista produce alta concentración en la cadena de valor, donde la mayoría de los componentes de esta cadena no se producen en Bolivia. El 70% de la tenencia de la tierra está en manos del 2 % de propietarios medianos y grandes, tener el control de la tierra significa tener el control sobre el elemento de producción donde se realiza la soya y la plusvalía. Solo 4 empresas extranjeras[9] controlan el 85% del mercado de soya en Bolivia y los insumos como semillas, maquinarias y agro-químicos que deben ser importados de China, Brasil y otros países. Por tanto, es un modelo altamente dependiente del agronegocio transnacional, donde la mayor parte de beneficios económicos ni si quiera se quedan en el país.

En términos ambientales la producción de soya de base transgénica origina severas consecuencias como daño de suelos, deforestación indiscriminada, pérdida de biodiversidad,  disminución de la fertilidad, erosión de los suelos y contaminación de las fuentes de agua. “Desde la legalización de las semillas transgénicas, la cantidad de agroquímicos utilizados en la producción ha superado con creces a la superficie cultivada. […] Además que producen nuevos tipos de malezas y plagas que amenazan sus cultivos, por lo que  requieren nuevos tipos de herbicidas y pesticidas”. (Ídem, 2018). Estas condiciones afectan principalmente a los pequeños productores soyeros que por falta de maquinarias, insuficiencia económica para comprar semillas de calidad y agroquímicos, sumados a la ubicación y calidad de las tierras que poseen, hace que se encuentren en menor capacidad de producir y competir en las mismas condiciones que los grandes productores de soya. Igualmente la degradación ecológica y erosión que sufren estos suelos, consolida un sistema de ocupación constante y progresivo de nuevas tierras para la agroindustria, que impulsa la expansión de la frontera agrícola hacia áreas protegidas y territorios indígenas de forma ilícita[10].

En definitiva el modelo agroindustrial de base transgénica es depredador en esencia y no puede ser sustentable “cuando no puede mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que produzca la escasez de recursos existentes. Además, conduce a una generalización de la pobreza y crisis económicas recurrentes” (Acosta, 2011: 87). Esta aseveración se aplica a los procesos de deforestación, que no solo están provocando pérdida de la biodiversidad o efectos ambientales adversos en estos espacios, también derivan en impactos que se producen en las comunidades indígenas que dependen del bosque para su sustento. Los pueblos indígenas de Lomerío, Guarayo e Isoso son los más afectados, puesto que se encuentran alrededor de la expansión de la frontera agrícola soyera; bajo estas condiciones, condenados a la pobreza y en un futuro abandonar sus territorios destruidos por el desarrollo agroindustrial.

Por otra parte, no existen muchas oportunidades laborales que el agronegocio pueda aportar al país. Esta forma de producción al ser mecanizada requiere menos fuerza laboral, además, de estar inserta dentro de una economía desarticulada sectorial y socialmente. Según un estudio realizado por la Fundación Tierra el sector agropecuario solamente emplea 32.000 personas, dato abismal que se contrasta frente al criterio que defiende la agroindustria, el cual dice aportar al país con 1.000.000 de empleos directos e indirectos[11].

Un último aspecto que hay que considerar, a partir de los argumentos que se despliegan de las voces que surgen de este sector, que hablan de los grandes beneficios económicos que la agroindustria aporta al país por concepto de renta o tributos fiscales provenientes de la exportación de soya. Es necesario esclarecer que “en Bolivia el Estado no recibe un solo centavo como impuesto específico gravado al extractivismo agrario, ni ingresos del impuesto a la propiedad de la tierra de los grandes terratenientes[12] y, lo que es peor, en la última década las importaciones de alimentos se han casi triplicado. […] Al contrario, el Estado subvenciona el “modelo” a través de los subsidios a los combustibles, la construcción de carreteras, la ausencia de una regulación laboral que defienda los intereses de los trabajadores agrícolas asalariados – que en la práctica equivalen a los peones de antes de la reforma agraria de 1953” (Urioste, 2018: 5, citado en  McKay, 2018). Se debería continuar dando concesiones y beneficios a un modelo que en vez de traerle beneficio al país, le trae grandes problemas, bajo estas evidencias ¿no cabe más bien echar por la borda este modelo agro-extractivista?.

*Sociólogo, actualmente es Técnico del Centro Latinoamericano sobre Población (CELAP), coordinador y docente del posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón.


[1] Enrique Leff en los conversatorios organizados por CLACSO el 14 de mayo de 2020, sobre Ecología Política de las pandemias, Cuarto Conversatorio, alternativas poscovid: agroecología, educación ambiental y territorios en r-existencia. Afirma que la humanidad al haber sido arrastrada por un modo de comprensión del mundo y que ha derivado en un modo de intervención, pero de intervención drástica, totalitaria y brutal, una intervención sobre los cursos de la vida. La crisis epidemiológica ha sido la liberación de los virus, que han estado hospedados por células de organismos vivos por tanto tiempo como ha habido vida en el planeta. No es un fenómeno natural, aquí hay un fenómeno de los modos y del grado de intervención de la humanidad, por lo que se volvió el modelo o régimen ontológico dominante-hegemónico, que es el motor de la historia, es decir, el régimen del capital.

[2] El ejercicio de la fuerza por parte del gobierno de transición se ha ido manifestado desde los acontecimientos ocurridos en noviembre de 2019, tras la llegada de Áñez a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, se produjeron las masacres en las localidades de Sacaba (Ciudad de Cochabamba) y Senkata (Ciudad de El Alto), donde los habitantes  de estas localidades fueron reprimidos por fuerzas militares y policiales, dejando un saldo de 37 muertos y 500 heridos.

[3] En estos seis meses de gestión se han desatado innumerables hechos de corrupción en distintos ministerios. Los hechos de corrupción que tuvieron mayor repercusión: (1) En Entel casos referidos a los finiquitos, aumento de salarios y compra con sobreprecio de fibra óptica, (2) En relación a YPFB el sobreprecio en la compra de diésel, sobreprecio en almuerzos de trabajadores y seguro por millones de dólares, (3) venta de cargos en ministerios, (4) uso indebido de bienes del Estado, (5) compra de respiradores para hospitales con un sobreprecio de cuatro veces el valor de su costo en el mercado y que no tienen mucha utilidad para pacientes que ingresan en terapia intensiva. Estos son algunos de los casos más llamativos que fueron denunciados en medios de comunicación y por ciudadanos en redes sociales.

[4] En una perspectiva irresponsable pretenden introducir en el consumo alimentario de las familias bolivianas productos transgénicos como el trigo o el maíz. En el caso del trigo, siendo el segundo cultivo básico y más sembrado a nivel global, ningún país se ha atrevido a aprobar la producción y comercialización de trigo transgénico por ser un producto de consumo diario y de primera necesidad de las familias, lo cual podría conducir graves problemas a la salud de sus poblaciones.

[5] Algunos representantes de los Ministerios que conforman actualmente el Comité Nacional de Bioseguridad tienen una estrecha vinculación con el empresariado cruceño. Oscar Ortiz, actual ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, fue exgerente de Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO); Beatriz Eliane Capobianco, actual  ministra de Desarrollo Rural y Tierras, ex-asesora de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), así como también fue la asesora de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ).

[6] Modelo que rompe la relación de unicidad entre hombre-suelo-herramienta-identidad-cultura […] El agroextractivismo como agricultura dominante y en expansión en el mundo, y ahora en Bolivia, funciona en redes con múltiples actores, financieros  científicos, tecnológicos, productivos, comerciales y políticos, y miles de millones de consumidores de commodities transformados industrialmente en alimentos procesados (Urioste, 2018: 5, citado en  McKay, 2018).

[7] La capacidad de productividad agrícola de la agro industria cruceña es la más baja de la región, 3.000.000 de toneladas métricas año, está muy por debajo comparados con el agronegocio soyero de países como Paraguay 9.400.000 toneladas métricas año, Argentina 57.000.000 toneladas métricas año y Brasil 107.000.000 de toneladas métricas año, datos correspondientes alobservatoriosoja.org periodo 2016. Este factor determina la baja competitividad en el mercado internacional, adicionalmente a que la soya semiprocesada que exporta la agroindustria cruceña disminuye el valor económico de los ingresos que podría recibir si se industrializan estos procesos.

[8] Ben Mckay en el libro Extractivismo agrario: Dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia y en la Memoria de la Conferencia 2018: Madre Tierra. La agenda abandonada, causas y consecuencias, el autor define cuatro características de este modelo extractivista de agricultura capitalista, características de un modelo en crisis que se desarrollaran en las siguientes líneas.  

[9] Acción por la Biodiversidad en el Atlas del Agronegocio transgénico en el Cono Sur, señala que las transnacionales propietarias de las semillas que monopolizan este negoció en el mundo son Bayer-Monsanto (44%), Syngenta (17%), Dow (17%) y Dupont (16%) y otras (6%). 

[10] Con un incremento del  200% de deforestación desde 2015, el país experimenta un vertiginoso viraje de régimen forestal a régimen agrario. La mitad de la deforestación se hace de manera ilegal. Santa Cruz es el departamento que pierde más bosque. (Méndez, 2019).

[11] Los tiempos. Transgénicos: ¿Problema o solución? Debate realizado el pasado 14 de mayo de 2020 entre el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano y el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.

[12] El sector agroindustrial mediano y grande, está sujeto al Régimen Agropecuario Unificado, el cual establece la base imponible a partir de la superficie afectada a la actividad agrícola o pecuaria, debiendo pagarse las cuotas fijas por hectárea cada año, hasta la gestión 2015: 26,44 bolivianos por hectárea para actividad agrícola y 1,94 bolivianos por hectárea para actividad pecuaria. 

Referencias bibliográficasACCION POR LA BIODIVERSIDAD. (2020). Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos. Ed. Misereor, Buenos Aires-Argentina.

ACOSTA Alberto. (2011). Extractivismo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición. En Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Más allá del desarrollo. Ed. Fundación Rosa Luxemburgo, Quito-Ecuador.

ACOSTA Alberto. (2020). Reecuentro con la Madre Tierra: tarea urgente para enfrentar las pandemias, en Diario El Salto.
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/reecuentro-con-la-madre-tierra-tarea-urgente-para-enfrentar-las-pandemias

CEDIB. (2017). Los organismos genéticamente modificados y los agrotóxicos, Diario El Deber.
https://cedib.org/post_type_titulares/los-organismos-geneticamente-modificados-y-los-agrotoxicos-el-deber-10-10-17

ERBOL. (2020). FUNDACIÓN TIERRA, Denuncian “descarada” privatización de tierras fiscales en favor del agro cruceño.
https://www.erbol.com.bo/nacional/denuncian-“descarada”-privatización-de-tierras-fiscales-en-favor-del-agro-cruceño

LOS TIEMPOS. (2020). Transgénicos: ¿Problema o solución?
https://www.facebook.com/lostiempos/videos/560763827962490

OPINIÓN. (2020). ¿Qué respondieron Evo y Áñez a los pedidos de evaluar semillas de soya transgénica?
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/respondieron-evo-anez-pedidos-evaluar-semillas-soya-transgenica/2020

MCKAY M. Ben. (2018). Extractivismo Agrario, dinámicas de poder, acumulación y exclusión en Bolivia. Fundación Tierra,  La Paz-Bolivia.

MENDEZ Carolina (2019). Con 200% de deforestación, Bolivia cambia bosques por la agroindustria. Diario Página Siete.
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/9/29/con-200-de-deforestacion-bolivia-cambia-bosques-por-la-agroindustria

OBSERVATORIO CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO. (2015). 7 datos que debes saber sobre los transgénicos en Bolivia.
https://obccd.org/2015/04/21/7-datos-que-debes-saber-sobre-los-transgenicos-en-bolivia

TIERRA (2019). Memoria Conferencia 2018: Madre Tierra. La agenda abandona, causas y consecuencias. Ed. Fundación Tierra, La Paz-Bolivia.

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *