Por: Edgar Cueto Acebedo

América Latina es una región vulnerable a procesos múltiples de amenazas naturales: a sequías, inundaciones y tormentas de gran magnitud, siendo estos últimos fenómenos hidroclimáticos cada vez más frecuentes y más severos como consecuencia del cambio climático. Nuestro país, región, departamento no están lejos de sufrir esta crisis y desastres ecológicos que es provocada por el modo de producción capitalista, extractivista, mercantilista y consumista innecesariamente.

En un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Lovaina (Guha-Sapir, Below y Hoyos 2016), al comparar los periodos 1976-1985 y 2006-2015, se observa que la frecuencia de las sequías en la región se incrementó de 18 a 41 eventos (un alza de 128%), la de las tormentas de 49 a 150 casos (206%), y la de inundaciones de 89 a 274 incidencias (209%). Sin excepción, todos los países de la región han enfrentado alguno de los 1956 desastres naturales de gran escala y alto impacto que han ocurrido durante los últimos 40 años.

Es necesario concienciar a las autoridades y sociedad, que el  modelo económico extractivista y liberal, que reditúa el colonialismo y la dependencia, que sin misericordia y con propósitos mercantilistas y de lucro, abusan sin importar el futuro de la humanidad y de los seres vivos, repito el futuro de la humanidad, profundizan de forma alarmante los efectos y resultados que vemos en los últimos tiempos de los fenómenos climáticos que suceden en el mundo y en nuestro país, caso Caranavi, valles de: Chuquisaca, Tarija, Potosí. Cambios sufridos de forma impresionante, desaparición de lagos, de la vida que acompañaba a esos lagos, el Poopó el Uru Uru, deja desiertos, los nevados como del Chacaltaya, ya no existen.

La crisis del agua, los efectos del cambio climático, que combinan sequías e inundaciones en el Chaco boliviano, la falta de agua que es desesperante se profundiza cada año. En este panorama desolador, las autoridades,  representantes y sociedad, tienen escasa conciencia de lo que esta ocurriendo, de los alcances, peligros y las amenazas para la vida de todos los seres vivos. Los desastres en las poblaciones más vulnerables acarrearan profundos problemas sociales, políticos y económicos especialmente en el área rural y periurbanos que en el futuro no podrán soportar, la desesperación será campante, el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, ahonda aún más la crisis en sus manifestaciones locales, regionales y mundial.

Por consiguiente es necesario diseñar y formular políticas públicas de Estado, en sus diferentes niveles,  permanentes, constantes y pertinentes que jueguen un rol clave para contrarrestar los posibles efectos ocasionados por estas amenazas.

La experiencia de los procesos de reforma política apoyados por el BID, tanto a través de préstamos de reforma política como de la medición del desempeño de los países en la implementación de la política de gestión de riesgos de desastres mediante el Índice de Gestión del Riesgo, resalta que hay varios aspectos que deben ser considerados dentro del marco de acción del Estado y que incluyen: (i)  la base normativa, institucional y presupuestal para la organización y coordinación de la gestión del riesgo; (ii) la identificación y reducción de riesgos; (iii) la preparación de la respuesta en caso de emergencia; (iv) la planificación de la recuperación y la rehabilitación post-desastre, y (v) la protección financiera. Estos aspectos están directamente relacionados con la reducción de la vulnerabilidad de la sociedad y el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de las comunidades, particularmente la de las más pobres.

El análisis empírico puede ser un obstáculo en la toma de decisiones, de políticas orientadas a fomentar la capacidad institucional del Estado ante catástrofes naturales, cancelando la posibilidad de comprender la eficacia y sostenibilidad de la gestión del riesgo de desastres como estrategia de desarrollo.

En este planteamiento, se requiere de instituciones inteligentes capaces de fomentar nuevas capacidades estatales de conducción y, junto con la sociedad civil participativa, elaborar nuevos contratos sociales. Los instrumentos para cumplir esta tarea son la construcción de capacidades institucionales, capital social, descentralización y redes. De esta manera, la gobernabilidad remite a una capacidad de gerencia, de dirección abierta y flexible por parte del gobierno. Importante para la creación de escenarios, redes  de convergencia entre lo privado y público.

Para comprender conceptualmente, la gestión del riesgo de desastres en el Banco Interamericano de Desarrollo se aborda como “todos los procesos para diseñar, aplicar y evaluar estrategias, políticas y medidas destinadas a mejorar la comprensión del riesgo de desastres, fomentar la reducción y la protección financiera del riesgo de desastres, y promover la mejora continua en las prácticas de preparación, respuesta y recuperación para los casos de desastre, con el objeto explícito de aumentar la seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible”. En consecuencia, la capacidad de gobernabilidad en los procesos de política pública en gestión de riesgos es fundamental, urgente, se trata de la vida de seres humanos y toda clase de vida en el mundo.

Algunos datos para concienciar a las autoridades y a la sociedad. Solamente en América Latina y el Caribe, las catástrofes naturales han causado por lo menos 400,000 decesos y más de 111,000 millones de dólares estadounidenses en pérdidas económicas en los últimos 35 años. En el sismo de abril de 2016 en Ecuador, 663 personas perdieron la vida, cuyas pérdidas económicas ascendieron a más de 3,300 millones de dólares. (Senplades, 2016).

La principal implicación de política pública es la creación de condiciones para mejorar la gobernabilidad en la gestión del riesgo que  es un elemento crucial no solo para revertir el impacto negativo de las causas subyacentes de vulnerabilidad social, como las deficiencias en el sistema económico y una débil capacidad institucional, sino también para contrarrestar el efecto de presiones dinámicas como la rápida urbanización, degradación ambiental e ineficiencias de los mercados. Es importante y vital definir responsabilidades, metodologías y escalas adecuadas para el análisis de riesgos así como articular los marcos normativos de la gestión del riesgo, la adaptación al cambio climático y la gestión de recursos hídricos. La dotación adecuada de presupuesto y la asignación efectiva de recursos para la implementación de la política de gestión de riesgo son elementos igualmente significativos.

Fundamental, importante y urgente la elaboración ex ante de planes de contingencia, de recuperación y el seguimiento, auditoría y evaluación de los procesos de gestión de riesgo que son instrumentos que deben ser priorizados para respetar a la madre tierra, a la naturaleza a los hijos de nuestros nietos y no enfurecerlos, logrando una relación armoniosa y respetuosa con la naturaleza morada de la humanidad y demás seres.