Autor: Jorge Krekelerwww.almanaquedelfuturo.wordpress.com

En la Loma del Esmeraldal, sector residencial del municipio de Envigado en el Valle del Aburrá – Colombia, la densificación urbanística indiscriminada, producto de la especulación y tergiversación de la normativa para facilitar licencias de construcción provocó una respuesta desde la ciudadanía. El colectivo Ciudadano Envigado logró con resistencia y propuestas la recuperación de terrenos dispuestos para la construcción y convertirlos en espacios públicos, mejorando la calidad de vida de los residentes. Pero veamos el proceso por pasos:

Originalmente la zona de la Loma del Esmeraldal poseía lomas onduladas que estaban cubiertas de cafetales que con el resplandor del sol irradiaban un color verde esmeralda, característica especial que le dio el nombre al sector. Con el paso de los años, y la densificación de la población, las casas en este paraje fueron rodeadas por torres de apartamentos hasta convertirse en un enclave verde, amenazado por la avalancha del urbanismo. En el 2013, cuando una volqueta de una empresa constructora tumbó un poste de energía bloqueando por varias horas la única vía de acceso al sector de la calle 95, la comunidad se reunió y decidió citar al alcalde y el director de planeación municipal, para solicitar información, del porqué se había autorizado la construcción de tres edificios en el lote que antes era de Don Julio sin contar con el visto bueno de la comunidad. Cada torre estaba programada para 22 pisos y la estrecha vía, además realizada y pavimentada por los pobladores, sería insuficiente. Desde 2012 en la zona, con una extensión menor a dos hectáreas, se habían construido 25 torres de apartamentos con aproximadamente 2000 nuevas unidades habitacionales. Semejante cantidad de construcciones había irrumpido de forma alarmante en el paisajismo del sector que aún conserva la quebrada Mina Honda rodeada de guaduales y muchos guayacanes que embellecen dicho lugar. Esta invasión urbanística ya había llevado a colapsar las pocas vías de acceso. Distancias que antes se recorrían en cinco minutos, tomaban ahora media hora. La densificación desmedida era consecuencia del plan de ordenamiento territorial, POT. De un momento a otro la alcaldía de Envigado había ampliado el POT, permitiendo pasar de 70 viviendas por hectárea a 170 y ampliando la altura de los edificios de 12 a 22 pisos. En algunos casos incluso, la llamada densificación aérea autorizaba a construir hasta 180 viviendas por hectárea.

Por solicitud de la comunidad, la alcaldía aceptó revisar los planos y realizar un recorrido por el sector. El recorrido arrojó resultados positivos para Ciudadano Envigado. El alcalde determinó que efectivamente el sitio donde se pensaba construir estaba atravesado por un nacimiento de agua y no por una «escorrentía», como inicialmente se había dicho. La Corporación Autónoma Regional – Corantioquia como ente regulador a quién correspondía hacer un respectivo análisis del cumplimiento de la normativa ambiental, para facilitar el camino hacia la aprobación de la licencia de construcción de las tres torres en mención, había clasificado el cuerpo de agua como escorrentía y no como quebrada. Con esta jugada la distancia mínima de la construcción al cuerpo de agua se redujo de treinta a solo diez metros. Luego de un segundo veredicto, Corantioquia determinó suspender provisionalmente la construcción de la obra. Con la nueva disposición, la constructora solo podría edificar una torre de 12 pisos, razón por la cual se decidió dar la pelea con su pool de abogados. Ante la amenaza de la constructora, el alcalde se retractó de nuevo, indicando que suspender la licencia de construcción significaría enfrentar una demanda legal de la empresa. Ante el incumplimiento de la normativa, la especulación urbanística y el constante deterioro de la calidad de vida en la zona, nació el colectivo Ciudadano Envigado. En la primera acción de mayor envergadura que fue una marcha de protesta en el año 2015 participaron más de 250 personas. Un viernes a las seis de la mañana, el colectivo marchó, con pancartas y vallas de protesta rumbo a la alcaldía; el eslogan era: a mí sí me toca. Medios de comunicación y hasta canales de televisión acompañaban esta iniciativa ciudadana, dando cobertura y entrevistando a los participantes de la marcha. La protesta se dirigía en contra de la construcción y densificación urbanística, la falta de espacios lúdicos o recreativos, de andenes peatonales y la destrucción progresiva de la fauna y flora. Los habitantes no estaban dispuestos a aguantar más abusos por parte de la administración y los constructores. A la llegada de la marcha a la alcaldía de Envigado, los megáfonos permitían hacerse escuchar en su justa protesta. Ante el gran número de personas en la marcha y por la presencia de los medios de comunicación, el alcalde prefirió no dar la cara. El silencio del alcalde fue contestado a los ocho días cuando el colectivo realizó otra acción de protesta: Esta vez, el colectivo pintó un mural en la vía pública, expresando la indignación de la ciudadanía ante las arbitrariedades de la alcaldía para otorgar las licencias de construcción. No se hizo esperar la reacción del alcalde, llamando a integrantes del colectivo para que se retire el mural. La respuesta de Ciudadano Envigado era unánime: no, mientras que no se modifique nuevamente el POT, volviendo a las reglas de antes y respetando las normas ambientales, y particularmente respetando las distancias mínimas de las construcciones a los cuerpos de agua. El alcalde se rehusó nuevamente indicando que el POT se renueva solo cada cuatro años.

Evaluando la estrategia a seguir, el colectivo decidió recaudar dinero entre los habitantes para contratar primero un experto en urbanismo y luego un perito legal especializado en derecho ambiental. Ambos estudios coincidieron en la ilegalidad de las licencias de construcción de las tres torres. El camino por el derecho de petición parecía poco promisorio ya que este procedimiento permite a la alcaldía dilatar su respuesta a los reclamos para ganar tiempo mientras que los trabajos preparatorios para construir las tres torres continuaban. Ante este panorama, se decidió adelantar una demanda legal contra la alcaldía y particularmente su dirección de planeación. Paralelamente al proceso legal, el colectivo no se cansaba en denunciar cada vez que un vehículo de la empresa constructora entraba a los guaduales y el humedal. La demanda apuntaba a que la alcaldía había autorizado mediante licencia la ocupación del cauce para favorecer intereses de la empresa constructora, reduciendo la distancia mínima al cuerpo de agua a escasos diez metros. El juzgado admitió la demanda y solicitó inmediatamente un pronunciamiento de Corantioquia sobre el caso. El resultado de esta nueva inspección evidenciaba la carencia de sustento normativo para otorgar la licencia de construcción. De allí, los acontecimientos se precipitaron: la juez ordenó medidas cautelares, entre ellas la prohibición de construir a menos de treinta metros de distancia de la quebrada. La empresa constructora paralizó sus trabajos y la nueva licencia autorizaba solo la construcción de una torre de 16 pisos. El terreno de 6.400 m², originalmente destinado a la construcción de dos torres fue transferido por la empresa a la alcaldía como compensación urbanística, porcentaje que por ley les corresponde dar en beneficio de la comunidad.

Ciudadano Envigado había logrado su propósito inicial de proteger la quebrada con sus guaduales y evitar la construcción de las torres en mención. Ahora, el colectivo se propuso proteger todo el sector de la Loma del Esmeraldal ante la especulación urbanística y lograr que el nuevo POT reduzca nuevamente los parámetros de densificación. La alcaldía, ya con un nuevo alcalde, buscó la coordinación con el colectivo ciudadano. Con su demanda y sus veedurías, Ciudadano Envigado, desde entonces, ha evitado la construcción de siete torres de apartamentos. La política actual de la alcaldía es invertir en un mejor equipamiento de la zona, ampliando las vías, luminarias adecuadas y senderos peatonales. El terreno salvado de 6.400 m², originalmente de Don Julio, a propuesta de Ciudadano Envigado ha sido destinado a instalar un parque cultural, refaccionando la casa quinta y habilitando áreas de descanso pasivo, lúdicas y de recreación. El 19 de agosto de 2017 el parque cultural La Guayacana abrió sus puertas.

Son dos las lecciones aprendidas: la defensa de intereses colectivos, desde la resistencia con propuesta logra frenar la especulación urbanística y recuperar espacio público y calidad de vida; todo esto gracias a la cohesión social y organización que reemplaza el anonimato e individualismo, generando tejidos con enfoque en lo comunitario, en lo público y en lo cultural.